Voy a tomar prestado el título de una película para hablar sobre algo que me tiene preocupada desde hace tiempo. Y, aunque se trate de una película bélica, no quería hablar de guerras. O no, al menos, en el sentido convencional del término.

Dice San Google que la delgada línea roja es un concepto que se utiliza popularmente para referirse a los límites que no se deben traspasar, y a eso es a lo que quería aludir. A unos límites que no debieron traspasarse nunca, porque a día de hoy ya no sabemos dónde está la frontera.

En la justicia ya hace tiempo que nuestras fronteras están difuminadas y, a veces, lo están tanto que es muy difícil distinguir la información política de la judicial, y viceversa. Y eso no es bueno, y hace que el pobre Montesquieu se revuelva en su tumba.

En la prensa las páginas de Tribunales y las de Política se mezclan hasta no saber realmente si hablan de una o de otra y se acercan, además, a las de Sociedad de manera peligrosa. Y hace apenas unos días hemos visto lo que puede ser la culminación de todo este despropósito. Al menos, de momento.

Ya hace tiempo que se empezó a instalar en nuestra actualidad vocear cada denuncia interpuesta como si se tratara de una verdad incuestionable. Y, claro está, como una cosa lleva a otra, al comprobar que la noticia de una denuncia contra alguien produce un terremoto mediático, el hecho de denunciar se convierte en una herramienta envenenada. Y ahí empieza el bucle. No sé sabe bien qué fue antes, el huevo o la gallina.

La cuestión es que a nadie parece interesarle algo que quienes trabajamos en juzgados y tribunales sabemos de sobra. Que la justicia tiene sus tiempos. Que el hecho de admitir a trámite una denuncia -o una querella, en su caso- no implica otra cosa que dar una forma jurídica a esa denuncia, y no supone, de ninguna manera, que el órgano jurisdiccional crea que hay pruebas de la comisión de ningún hecho delictivo.

De hecho, en muchos más casos de los que la gente imagina, las denuncias acaban en un archivo de plano. Y, en muchos otros, en un archivo tras la práctica de diligencias. Precisamente, el procedimiento que se incoa se llama “Diligencias Previas”, porque son, o deberían ser, previas a la incoación de procedimiento abreviado -o de sumario, en su caso- que es el momento en que se decide que sí, que las cosas han de ir a juicio, porque ahí hay tomate. Juicio que, a su vez, puede acabar en absolución o condena.

Jugar con las líneas

Pero ya hace mucho tiempo que los partidos políticos empezaron a jugar con líneas rojas. Los escandalosos casos de corrupción que hemos sufrido llevaron a una especie de competición por demostrar quién era más ejemplarizante, y comenzaron a mover las líneas de lo que siempre había sido el disparo de salida de la imputación de una persona.

Ese momento, que era el de la incoación de procedimiento abreviado, se adelantó al de la citación como imputado cuando dicha citación no era más que un reflejo de lo garantista que es nuestro proceso penal que, en caso de duda, siempre opta por la asistencia de letrado y la instrucción de derechos a la hora de declarar.

Y de ahí, en una nueva vuelta de tuerca, se cambió la ley para dar un nuevo nombre al imputado, el de investigado. Algo en realidad tan absurdo como llamar “investigado” a alguien a quien no se ha investigado todavía para saber si se le investiga o no. Y todo por sortear el límite de esa palabra maldita: imputación.

Ahora ya estamos rizando el rizo y actuando como si admitir una denuncia a trámite supusiera una casi segura declaración de culpabilidad. O, visto al contrario, puede acabar provocando que los órganos judiciales se lo piensen muy mucho antes de hacer lo que tantas veces hubieran hecho: investigar, para luego tomar la decisión procedente.

Pero como siempre hay un medio de comunicación dispuesto a dar pábulo a una denuncia como si se tratara de una verdad universal, la tentación de interponer denuncias es muy grande. Y no demasiado sana. Y así el círculo no se cierra nunca.

Desde luego, nos lo tenemos que hacer mirar. Pero no podemos convertir los registros de entrada de los juzgados en sede de debate político. Ni al contrario. O no saldremos de este bucle jamás.